¿Qué significa la salida de Uber de Colombia?

La empresa anunció que cesará operaciones en Colombia a partir del 1 de febrero de 2020.

Un par de días después de conocerse una carta en la que Uber le anuncia al Gobierno que evalúa la decisión de iniciar un pleito jurídico internacional por la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de bloquear la plataforma en el país, la empresa anunció que cesará operaciones en Colombia a partir del 1 de febrero de 2020.

“Hace seis años fuimos los primeros en ofrecerle a Colombia una alternativa de movilidad innovadora y confiable. Hoy Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”, afirmó la empresa en un comunicado.

Su decisión no significa que descarte la posibilidad de presentar la demanda contra el Estado colombiano ni que desista de la apelación contra el fallo de la SIC.

¿Qué efectos traerá la salida de Uber del país para los conductores que trabajan con esta herramienta, para otras plataformas similares que funcionan en el país, para el gremio de los taxistas y para el emprendimiento digital? COLPRENSA consultó a involucrados y expertos en el tema.

Nelson Mejía, líder del grupo de conductores de Uber, señala: “por el momento, desconocemos qué puede pasar con el proceso y qué trámites se van a seguir al respecto, ya que como socios conductores, no tenemos el pleno conocimiento del acercamiento con las negociaciones de parte de las directivas de Uber con el Gobierno Nacional. Nosotros hemos quedado en el limbo total”.

Mejía indicó que, por ahora, la alternativa más posible es que tanto los 88 mil conductores de Uber como sus 2 millones de usuarios migren hacia otras plataformas de transporte.

Eso, mientras las otras aplicaciones se mantengan vigentes, pues miembros del gremio de los taxistas han anunciado que presentarán demandas similares ante la SIC contra plataformas como Didi, Cavify y Beat, entre otras.

“Lo que nos preocupa como conductores es que en el escalafón nuestro, Uber estaba en el primer puesto de usabilidad, teníamos el soporte jurídico y económico para generar un acercamiento a las plataformas tecnológicas, sin embargo, esto parece imposible”, enfatizó.

La salida de Uber del país dejó inquietudes en el aire para quienes están vinculados con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, ¿si Uber no hubiera cumplido voluntariamente la orden de la SIC, los operadores móviles habrían tenido que bloquear la aplicación? ¿Técnicamente, se habría podido cumplir la orden, teniendo en cuenta que estas aplicaciones están alojadas en servidores internacionales a los cuales los operadores locales no tienen acceso?

“No creo que los operadores de telefonía a modo propio decidan hacer un bloqueo de las aplicaciones. Eso daría un pésimo precedente en la historia mundial: un caso de censura o bloqueo de plataformas por parte de un gobierno”, indicó Víctor Solano, consultor en reputación digital.

En cambio, para el senador Jorge Enrique Robledo, este no es ataque a las nuevas tecnologías. Según él, esa es una confusión que existe, pues de lo que se trata no es de impedir la innovación, sino de que Uber no cumplió las regulaciones que establece la ley para prestar el servicio de transporte.

“Esta no es una controversia sobre si se usan o no nuevas tecnologías para el servicio de taxi. Todo el mundo está de acuerdo con que se usen. La discusión es sobre la legalidad. Uber se va de Colombia porque prefirió irse del país que cumplir con la Constitución y las leyes. El Ministerio del Transporte, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Transporte han señalado que Uber ofrece un servicio ilegal”, manifestó.

Para muchos usuarios de transporte público, la salida de Uber del país significa, sin embargo, volver al servicio de taxi, contra el que tienen muchas quejas. Les preocupa que la falta de competencia incentive los abusos que se dan desde hace años, como la adulteración de taxímetros o negarse a hacer determinadas carreras.

“Esto es autoritarismo; básicamente se le está imponiendo a los ciudadanos en qué deben o no movilizarse, porque una cosa que no esté regulada no implica que sea ilegal. Es como si beeper hubiese demandado a los celulares por el uso de la tecnología, es algo absurdo”, afirmó el representante a la cámara Mauricio Toro.

En esto coincide Solano, pues considera que la salida de Uber sí puede afectar “las finanzas y la autonomía de los colombianos para transportarse”.

Según Toro, la situación actual se debe a que el Gobierno no ha regulado el uso de estas aplicaciones, que sería mucho más efectivo que la simple prohibición.

“Este es un llamado urgente a las bancadas del Congreso y en especial al Presidente Duque, para que avancemos rápidamente en la aprobación del Proyecto 292 que radicamos el año pasado. No podemos orientarnos hacia la prohibición de las tecnologías, sino hacia la innovación y los derechos de los usuarios de decidir en qué transportarse, además de cuidar el sustento de miles de familias que hoy en día dependen de estas plataformas”, recalcó Toro.

El Proyecto de Ley 292, radicado en noviembre de 2019, del cual Toro es ponente, busca exigir a las nuevas plataformas como Uber, el pago de impuestos en Colombia y la contratación de seguros similares a los que se pide a los taxistas.

Además, solicita la actualización de las normas de taxis y la eliminación de la regulación de cupos, con el fin de compensarlos con un fondo alimentado por el 1% de la facturación de las plataformas, y así, permitir la tarifa dinámica para los taxis que acojan tecnologías en vez de taxímetros análogos.

Por el momento, frente al caso Uber, la respuesta del Gobierno ha sido que la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio fue un fallo judicial que resuelve un asunto entre particulares y que no se opone a las innovaciones tecnológicas, sino que simplemente el servicio público de transporte no puede ser prestado por vehículo privados.

A pesar de la salida de Uber del país, la disputa está muy lejos de llegar a su fin.

Revista Turbo / Colprensa